Fiscal de Calama es escoltado las 24 horas tras recibir amenazas de muerte

Hace más de ocho meses, el fiscal de Calama Cristián Aliaga y su familia están custodiados por Carabineros: un grupo de escoltas les brindan protección las 24 horas por una amenaza de muerte en su contra.
En febrero pasado, una red de narcotraficantes que opera en las ciudades del Norte Grande habría elaborado un plan para atentar contra el persecutor.
El Ministerio Público adoptó las medidas de seguridad luego de confirmar la intimidación con antecedentes y declaraciones de imputados, que surgieron en otra investigación. Tras ello, se reforzó la seguridad del persecutor y de su entorno con carabineros que controlan sus desplazamientos.
El fiscal jefe de Antofagasta Cristián Aguilar confirmó las amenazas e informó que Aliaga ha continuado con normalidad sus investigaciones contra los narcotraficantes.
El caso de Aliaga no es nuevo para el Ministerio Público. Otros fiscales han recibido amenazas o sufrido ataques de criminales: Mario Elgueta, quien indagó causas del conflicto mapuche en el Biobío, sufrió lesiones por perdigones en una emboscada; Miguel Orellana, que logró condenar a traficantes vinculados a las FARC, recibió amenazas para que abandonara la causa, y Víctor Ávila, en Iquique, que fue golpeado por un imputado cuando se dirigía a un tribunal.
Medidas activadas
Tras corroborar la existencia de una amenaza contra un fiscal, sus superiores inmediatamente ofician a Carabineros o a la PDI para extremar su seguridad. Una de las primeras medidas es designar un equipo de escoltas para éste y su familia. Luego se modifican sus rutinas para evitar seguimientos o facilitar las acciones de los antisociales.
En tribunales, tras una coordinación previa con Gendarmería, los fiscales transitan por vías restringidas para el público, por las zonas interiores de los juzgados, y cuando su integridad ha estado en peligro, se ha dispuesto el uso de chalecos antibalas.
A raíz de las amenazas, algunos han debido abandonar sus hogares y vivir en hoteles con identidades falsas, mientras que otros han sido destinados a una unidad distinta.
Otros persecutores intimidados
El fiscal Mario Elgueta fue víctima de un ataque armado perpetrado por miembros de la CAM en Tirúa. Cuando las policías detectaron que corría peligro, éste fue trasladado de Cañete a Coronel y, luego, destinado a Talcahuano. Si bien ahora ya no indaga los ataques de grupos mapuches radicalizados, aún cuenta con medidas de protección.
El fiscal Miguel Ángel Orellana recibió amenazas de muerte cuando investigaba una internación de unos 500 kilos de cocaína colombiana al país. Durante la indagatoria, él y su familia dejaron su hogar y se mudaron a un hotel. Allí vivían con identidades falsas y bajo estrictas medidas de seguridad. Más tarde, el persecutor dejó la fiscalía Metropolitana Centro Norte y fue destinado a Talca.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/08/nacional/nacional/noticias/32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7.htm?id={32986CE8-847C-44B0-A7D0-FA7EAC3FE7C7} (El Mercurio)