Siempre que hay cambio de mando se producen problemas, y peor si además entra al gobierno la oposición. Ocurrió en 1990 y pasa ahora. Se han escuchado críticas en la Cancillería y también en la Segpres (ver relacionada), y además surgen problemas en los municipios.
Pero de parte del nuevo Gobierno no hay reclamos formales ante la Contraloría ni ante el Consejo para la Transparencia, los cuales tampoco tienen atribuciones para hacer algo.
Previendo que se podían producir problemas, el Consejo para la Transparencia envió a fines de enero un oficio a 246 servicios públicos, pero a modo de recomendación, y con el objeto de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos (no de las nuevas autoridades). El instructivo señala que, en general, "toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico", de manera que a futuro los ciudadanos puedan requerir esos datos, según lo garantiza la Ley de Transparencia de 2008.
Pero si alguien solicitara documentos de la anterior administración y la actual no los encontrara, porque no fueron guardados, el Consejo sólo podría actuar contra los actuales jefes de servicio, si no logran justificar esa pérdida.
"El principio es que la información es del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno, y se requiere continuidad de la misma. Pero deben reforzarse los mecanismos de exigibilidad de esa información", opina Juan Pablo Olmedo, a quien se le expira su plazo en la presidencia rotativa del Consejo el próximo 28 de abril. Es cierto que la ley que creó el Archivo Nacional ordena guardar todos los documentos de la administración. Es tan añeja, de 1929, que en febrero del año pasado la Dirección de Biblioteas, Archivos y Museos (Dibam) emitió una circular en que clarifica qué debe guardarse, cuándo y cómo archivarse, y qué puede eliminarse.
Pero la Dibam tampoco tiene competencia para sancionar (con multas ridículas de bajas, de $10 por día de atraso que aplica el Presidente de la República), sino hasta que el servicio incumpla el plazo para archivar sus documentos, que son seis años en el caso de los ministerios y municipios, 30 en el de los tribunales y 80 en el de los notarios.
Nueva propuesta
El órgano auditor es el que autoriza la destrucción de información oficial (libros, documentos y cuentas), pero, según su ley orgánica, tres años después de su revisión definitiva. Y la política general del organismo, desde que asumió Ramiro Mendoza, ha sido no autorizar estas purgas.
Pero a pesar de que la normativa consagra el principio de la continuidad en la administración del Estado, si un gobierno destruye información que debiera heredar el siguiente para su buen funcionamiento, la Contraloría tampoco puede aplicar sanciones. Eso, por la sencilla razón de que sólo puede perseguir responsabilidades administrativas de los funcionarios en ejercicio. Y el incumplimiento, en este caso, se conoce cuando los responsables ya no son funcionarios.
Una cosa distinta es que a ex funcionarios sí les puede hacer juicio de cuentas (como está ocurriendo ahora con el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas), para que restituya recursos o bien perseguir su responsabilidad civil o, si hay además delito, denunciarlos ante el Ministerio Público.
Por eso, el contralor Ramiro Mendoza, coincidiendo con el Consejo, señala que "para llenar el vacío legal bastaría con extender a seis meses la responsabilidad administrativa de los que dejan un cargo público".
El ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, corrobora: "Hay un vacío legal, y me parece lógico que se pudiera extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como hoy el Presidente y los ministros responden políticamente (con la acusación constitucional) hasta seis meses después de dejar sus cargos".
Olmedo añade que esta "perseguidora de seis meses debiera ser para todas las personas con cargos públicos, porque este vacío legal afecta la probidad".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1.htm?id={66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1} (El Mercurio)
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