Por casi seis horas -desde cerca de las dos de la tarde- los ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y sus pares de Justicia, Felipe Bulnes, y de la Segpres, Cristián Larroulet, analizaron ayer en privado el conflicto mapuche.
La cita a la que se sumaron los senadores Andrés Chadwick, Alberto Espina y Pablo Longueira, y a ratos la vocera Ena von Baer, pretendía reforzar la búsqueda de una salida para la huelga de hambre que mantenían 34 comuneros en cárceles de Concepción y Temuco, a los cuales anoche se sumo uno más.
Así, al término de la maratónica cita, Hinzpeter exteriorizó la intención de La Moneda de establecer canales de diálogo con los huelguistas mapuches.
Durante toda la tarde, el propio ministro intensificó sus contactos con el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien en los próximos días asumirá como mediador entre el Gobierno y los mapuches en huelga.
De hecho, el prelado acudirá hoy a las 9.30 horas a La Moneda para reunirse con Hinzpeter y Larroulet.
"Monseñor Ezzati puede cumplir un rol importante y transmitir a los familiares de los comuneros y a los comuneros los pasos que este gobierno ha dado. También, que se reúna con ellos y nos entregue a nosotros los planteamientos que quieran hacernos", afirmó anoche Hinzpeter.
Altas fuentes de Gobierno señalaron que la apertura al diálogo del oficialismo -antes había condicionado todo contacto al término de la protesta- coincide con los reportes de una mayor radicalización del conflicto. Algunos comuneros, por ejemplo, han exteriorizado su intención de iniciar una huelga seca.
Sin embargo, la apertura oficialista sólo se produjo una vez que el propio Ezzati solicitara a los comuneros que depusieran su movilización. "La única cosa que hice, después de que visité a los hermanos mapuches presos en el hospital, fue pedir insistentemente al Gobierno a abrir una mesa y pedirles a los mapuches que dejaran la huelga de hambre, esa es mi acción", afirmó el arzobispo al salir del hospital de Concepción.
Dardos contra Bachelet
Ante el inminente rechazo de la Concertación a los cambios a la Ley Antiterrorista planteados por el Gobierno (ver recuadro), el oficialismo apuesta ahora a traspasar el costo político del conflicto a la oposición y , en especial, al gobierno de Michelle Bachelet, bajo cuyo mandato los comuneros fueron imputados.
En paralelo, desde el oficialismo se han preocupado de subrayar los esfuerzos que se han hecho para avanzar en el tema mapuche, y como otra "señal" la UDI solicitará hoy en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial permanente para asuntos indígenas.
La reforzada estrategia fue encabezada ayer por el Presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que "desgraciadamente, este es un problema que hemos heredado del pasado. No somos nosotros los que hemos causado este problema. Quiero pedirles a aquellos que tuvieron responsabilidad en el origen de este problema, que ayuden a la solución".
La ofensiva generó desorden en las filas de la Concertación. En especial luego que la presidenta del PPD, Carolina Tohá, señalara que "le constaba" que la norma se aplicó sin el total convencimiento de la ex Mandataria. "Estos errores se deben en gran parte a las decisiones que se tomaron desde una política de seguridad pública, con una mirada desde el Ministerio del Interior y no integral", sostuvo Tohá.
Sus palabras fueron fuertemente replicadas por el ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado. "Uno fue parte de un gobierno que actuó como equipo, uno debe ser solidario y hacerse responsable de todo lo que se hizo en ese gobierno", planteó Maldonado. "Ahora que se plantea una polémica sobre algún aspecto de lo allí realizado, no me parece pertinente buscar quién tomó la decisión, quién estuvo de acuerdo, o quién fue consultado o no", replicó.
En la misma línea, el ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, señaló a través de su Twitter que "no es cierto que un ministro del Interior pueda invocar la Ley Antiterrorista contra la opinión de la Presidenta".
Concertación pacta indicaciones con comuneros
Al mediodía de ayer, el comité estratégico de la Concertación resolvió alinear a sus 20 senadores en torno a una postura común frente a la "ley corta" que fue aprobada el fin de semana en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado y que debe ser ingresada y discutida hoy en sala. Se acordó presentar una serie de indicaciones que fueron consensuadas durante todo el día de ayer por un grupo de parlamentarios y abogados al que fue invitado de manera especial el senador del MAS, Alejandro Navarro. Este último se transformó en una especie de intermediario con los comuneros en huelga. De hecho, tras la cita viajó por la tarde a Concepción para reunirse con Héctor Llaitul en la cárcel El Manzano, con quien negoció el contenido de las indicaciones. También participaron de este diálogo los abogados de comuneros en huelga Jaime Madariaga y Adolfo Montiel. Navarro mantuvo contacto permanente con el equipo de trabajo conformado por los miembros de la citada comisión, los senadores DC Soledad Alvear y Patricio Walker, además del presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), el vicepresidente José Antonio Gómez y el senador Jaime Quintana (PPD). En estas reuniones participó también el ex ministro de Justicia Carlos Maldonado. Hasta última hora de ayer se afinaba el contenido de ocho indicaciones. La exclusión del delito de incendio de la Ley Antiterrorista era el tema más discutido.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/09/14/nacional/politica/noticias/74E2D6DC-3A49-42B6-8091-A25505F08FB3.htm?id={74E2D6DC-3A49-42B6-8091-A25505F08FB3}(El Mercurio)
No hay comentarios:
Publicar un comentario