El ministro de Justicia Carlos Maldonado señaló que los gendarmes en su calidad de funcionarios públicos están obligados por ley a trasladar reclusos a los tribunales y los exhortó a cumplir con su deber, o asumir su responsabilidad durante el paro de actividades del servicio anunciado para el lunes.También dijo que en una democracia corresponde que los dirigentes concurran al Congreso para participar en el debate parlamentario del proyecto de ley recién enviado por el Gobierno que aumenta en 6.000 las plazas de uniformados en los próximos seis años."Las órdenes de los tribunales son obligatorias. La ley es muy clara y el no cumplirla implica responsabilidades. Confío en que (los funcionarios) sean responsables y las movilizaciones que hagan, no afecten el sistema de justicia", indicó Maldonado.Dijo que en políticas públicas había que priorizar y que el proyecto contempla un gasto anual de $80 mil millones, desestimando el planteamiento de los gremios con quienes estuvo reunido durante cuatro horas."Hemos detallado los criterios para aumentar las plantas de funcionarios uniformados el 56%. El esfuerzo que está haciendo el Gobierno es clarísimo, enorme e histórico", indicó.A la salida de la reunión y en el frontis del Ministerio de Justicia los dirigentes de los gendarmes, profesionales y empleados agrupados en las cuatro asociaciones, anunciaron su decisión de mantener el paro convocado para el lunes en las 103 cárceles atendidas por 14 mil funcionarios.El presidente de la asociación de oficiales penitenciarios Christian Alveal agregó que la oferta resulta insuficiente para terminar con la inseguridad que ofrece el sistema penitenciario. Admitió que intentan lograr una indicación al proyecto de ley para incluir 2.500 cupos para profesionales y empleados necesarios para brindar una efectiva rehabilitación de los condenados.Alveal anunció que el lunes rechazarán el ingreso de detenidos a las cárceles y que tampoco llevarán reclusos a los tribunales, aunque mantendrán la atención de las visitas "porque no quieren perjudicar a la población penal de 54 mil internos".El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Dahm evaluó la situación y dijo que adoptará decisiones luego de conocer el informe sobre la adhesión al paro convocado.Y el presidente de la Corte Suprema Urbano Marín, manifestó su expectativa de que los gendarmes decidan deponer la paralización. "Claro que es preocupante, pero ojala se solucione de aquí al lunes", dijo.
Autoridades niegan privilegios para los traficantes en Colina II
El ministro Carlos Maldonado dijo ayer que no hay privilegios para los narcotraficantes en el Colina II y aseguró que las actividades están normadas por el reglamento interno. Negó que exista corrupción entre los funcionarios y recordó que cuando han surgido casos puntuales son llevados a la justicia. Estimó que el informe de la fiscal de la Corte de Apelaciones Marta Pinto, que data de junio del año pasado después de una visita que hizo al penal, fue una interpretación suya respecto de la segregación de los reclusos por los delitos que fueron condenados.El ministro Maldonado respaldó al director de Gendarmería Alejandro Jiménez quien horas antes se había manifestado en términos similares, agregando que el mayor poder adquisitivo que tienen los familiares de los narcotraficantes debe investigarlo la justicia y rechazó la imputación de corrupción generalizada en su servicio.El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, afirmó que la situación es preocupante para el Poder Judicial. "Dentro de las cárceles hay seres humanos y están ahí porque una sentencia judicial así lo dispuso, de tal modo que sí nos concierne a nosotros y sí nos preocupa", declaró en la Palacio de Tribunales.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/16/nacional/nacional/noticias/1CF3134B-0DC6-4330-8474-D12E05DF9FCA.htm?id={1CF3134B-0DC6-4330-8474-D12E05DF9FCA} (El Mercurio)
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