Viernes 18 de Septiembre de 2009
Una colisión de intereses en torno al cierre o no de calles y de pasajes en las ciudades existe entre el Gobierno y el Congreso al momento de hacer los ajustes a la normativa vigente, materia que se revisó extensamente durante el año 2008 en el Congreso Nacional y que por ahora está pendiente por falta de consensos.
Así, para el Ministerio de la Vivienda no corresponde que se clausuren arterias por motivos de delincuencia y robos.
Incluso la titular, Patricia Poblete, precisa que las calles más seguras son aquellas en que existe una circulación fluida de peatones y vehículos. Tal planteamiento oficial de su cartera fue llevado al debate legislativo en torno a esta materia el año pasado.
"Los lugares más seguros de la ciudad son aquellos en donde hay una mayor y libre circulación de vehículos y peatones. La delincuencia se ampara en los lugares en que la gente se encierra y en donde no hay tránsito de personas", dijo.
Enfatizó que saltar un portón y acceder a un lugar falto de tránsito facilita los robos.
Posición discrepante tiene el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, quien recordó que en la Comisión de Seguridad Ciudadana se entendió que debe haber algunas zonas de la ciudad con cierres para evitar el descontrol, producto de coyunturas puntuales por armas, robos y drogadicción.
El parlamentario precisó que pueden ser zonas acotadas y con cierres transitorios mientras las comunidades recuperan sus espacios públicos.
Puntualizó que efectivamente tal atribución implica hacer los ajustes legales correspondientes, con el objetivo de que los municipios puedan otorgar tales permisos con tiempos y condiciones acotadas, pero lamentó que la iniciativa no prosperó en 2008 por falta de consensos en la materia. "Yo estoy de acuerdo en el cierre de algunas calles, por ejemplo, por un año, porque ahí impera el descontrol".
Presidente de alcaldes: "Acatamos la ley, pero la gente debe defenderse"
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, afirmó: "Cuando enfrentamos muertes de niños por balas perdidas o persecuciones de narcotraficantes la gente tiene derecho a tomar resguardos. Si se hace de manera responsable y ordenada, y se garantiza el libre acceso de los vehículos de emergencia, entonces no vemos problema en que los vecinos pongan rejas en sus pasajes".
Arriagada, alcalde de La Granja, aclaró: "Acatamos los fallos de la justicia, pero también tenemos derecho a plantear cambios a la legislación, sobre todo cuando ésta no se ha actualizado. Es por eso que la próxima semana pediremos reuniones para proponer cambios a la ley".
Para cerrar un pasaje se requiere de la aprobación de todos los vecinos involucrados, quienes deben hacer una solicitud ante la Dirección de Obras. Una vez instalado el cierre, basta el reclamo de un vecino o de empresas de servicios (como luz, agua o gas) para que las rejas sean removidas.
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