La sala del Senado rechazó una iniciativa que, entre otras medidas, permitía que los fiscales del Ministerio Público pudieran solicitar a las compañías telefónicas, sin autorización judicial previa, datos sobre el tráfico de llamados de sus clientes. Los parlamentarios estimaron que se vulneraba la garantía constitucional del derecho a la intimidad y privacidad de las personas. El proyecto facultaba a los fiscales para requerir directamente a las concesionarias la localización y los datos de tránsito de las comunicaciones, el número de origen y destino y la duración de éstas. Para ello, las empresas debían conservar, al menos por un año, la información y datos citados.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/04/nacional/nacional/noticias/5233696D-6C58-46D4-BC12-AFB5EDC58B4B.htm?id={5233696D-6C58-46D4-BC12-AFB5EDC58B4B} (El Mercurio)
miércoles, 4 de noviembre de 2009
TC falla primer requerimiento de un Presidente contra otro poder del Estado
El Tribunal Constitucional falló ayer en la tarde el primer requerimiento que ha presentado un Presidente de la República, en este caso, en contra de la Cámara de Diputados.
La presentación fue originada por el rechazo al proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, el 29 de septiembre pasado.
La acción de la Presidenta Bachelet cobra mayor importancia si se considera que es la máxima autoridad del país la que está validando la instancia, la cual ha sido reiteradamente criticada por parlamentarios oficialistas, tras diversos fallos como el que declaró inconstitucional la distribución de la píldora del día después en la red pública de salud.
En su presentación alegaba que la Cámara no debió exigir quórum de ley orgánica para aprobar la convención.
La resolución del Tribunal Constitucional era previsible porque el mismo día que no se alcanzaron los 4/7 (69 diputados), el mismo tribunal sentenció que una convención equivalente, pero de alcance mundial -la de las Naciones Unidas-, pudo haber sido aprobada sólo por la mayoría de la sala.
Junto con el requerimiento de la Presidenta, también se falló a su favor el presentado por un grupo de 31 diputados oficialistas, quienes pedían declarar inconstitucional la decisión de la mesa de la Cámara de dar por rechazado el proyecto, al no haber obtenido el quórum calificado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/04/nacional/politica/noticias/49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C.htm?id={49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C} (El Mercurio)
La presentación fue originada por el rechazo al proyecto de acuerdo sobre la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, el 29 de septiembre pasado.
La acción de la Presidenta Bachelet cobra mayor importancia si se considera que es la máxima autoridad del país la que está validando la instancia, la cual ha sido reiteradamente criticada por parlamentarios oficialistas, tras diversos fallos como el que declaró inconstitucional la distribución de la píldora del día después en la red pública de salud.
En su presentación alegaba que la Cámara no debió exigir quórum de ley orgánica para aprobar la convención.
La resolución del Tribunal Constitucional era previsible porque el mismo día que no se alcanzaron los 4/7 (69 diputados), el mismo tribunal sentenció que una convención equivalente, pero de alcance mundial -la de las Naciones Unidas-, pudo haber sido aprobada sólo por la mayoría de la sala.
Junto con el requerimiento de la Presidenta, también se falló a su favor el presentado por un grupo de 31 diputados oficialistas, quienes pedían declarar inconstitucional la decisión de la mesa de la Cámara de dar por rechazado el proyecto, al no haber obtenido el quórum calificado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/04/nacional/politica/noticias/49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C.htm?id={49C67498-5BD5-4954-ABE9-D2488A0E571C} (El Mercurio)
martes, 3 de noviembre de 2009
Bachelet promulga ley que prohíbe uso del cheque en garantía en salud
Con el objetivo de evitar los "abusos" de clínicas y hospitales públicos, este martes la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de un cheque en garantía o dinero en efectivo.
La normativa establece que el pago se deberá garantizar a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo entregadas por los empleadores, letra de cambio o pagarés, los cuales se regirán por las disposiciones contenidas en la ley. No obstante, el paciente también podrá voluntariamente dejar en pago un cheque o dinero en efectivo.
En los casos de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá la actual ley que prohíbe la exigencia de cheques.
La Superintendencia del ramo será la encargada de fiscalizar a todos los prestadores de salud -públicos y privados- y, por primera vez, podrá sancionar las infracciones mediante la aplicación de multas que van desde 10 hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde 360 mil hasta 36 millones de pesos.
"Esperamos que esto represente un efecto disuasivo contra las conductas prohibidas", dijo la Mandataria, ante la presencia de parlamentarios oficialistas y de oposición, a quienes agradeció especialmente por la aprobación de esta ley.
Bachelet enfatizó además que se requiere una sanción oportuna, lo que fue reafirmado a su turno por el Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, quien sostuvo también que los pacientes que se vean perjudicados pueden hacer sus reclamos en la página web de la Superintendencia y personalmente en las oficinas regionales y del Sernac a lo largo del país.
Inostroza agregó que si los prestadores institucionales exigen el cheque en garantía, además de la multa se arriesgan a ser eliminados del registro de Prestadores Acreditados por un plazo de hasta dos años.
Si se trata de prestadores individuales, además de pagar una suma de dinero pueden sufrir la suspensión durante 180 días para otorgar las Garantías Explícitas en Salud, sea por intermedio de Fonasa o de las isapres, así como para conceder prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.
En caso de reincidencia dentro de 12 meses, los prestadores se exponen a una multa desde dos hasta cuatro veces el monto de la sanción aplicada por dicha infracción.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383025 (Emol)
La normativa establece que el pago se deberá garantizar a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo entregadas por los empleadores, letra de cambio o pagarés, los cuales se regirán por las disposiciones contenidas en la ley. No obstante, el paciente también podrá voluntariamente dejar en pago un cheque o dinero en efectivo.
En los casos de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá la actual ley que prohíbe la exigencia de cheques.
La Superintendencia del ramo será la encargada de fiscalizar a todos los prestadores de salud -públicos y privados- y, por primera vez, podrá sancionar las infracciones mediante la aplicación de multas que van desde 10 hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde 360 mil hasta 36 millones de pesos.
"Esperamos que esto represente un efecto disuasivo contra las conductas prohibidas", dijo la Mandataria, ante la presencia de parlamentarios oficialistas y de oposición, a quienes agradeció especialmente por la aprobación de esta ley.
Bachelet enfatizó además que se requiere una sanción oportuna, lo que fue reafirmado a su turno por el Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, quien sostuvo también que los pacientes que se vean perjudicados pueden hacer sus reclamos en la página web de la Superintendencia y personalmente en las oficinas regionales y del Sernac a lo largo del país.
Inostroza agregó que si los prestadores institucionales exigen el cheque en garantía, además de la multa se arriesgan a ser eliminados del registro de Prestadores Acreditados por un plazo de hasta dos años.
Si se trata de prestadores individuales, además de pagar una suma de dinero pueden sufrir la suspensión durante 180 días para otorgar las Garantías Explícitas en Salud, sea por intermedio de Fonasa o de las isapres, así como para conceder prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.
En caso de reincidencia dentro de 12 meses, los prestadores se exponen a una multa desde dos hasta cuatro veces el monto de la sanción aplicada por dicha infracción.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383025 (Emol)
NACIONALCongreso aprueba derecho a sala cuna al padre trabajador
Listo para convertirse en ley quedó el proyecto que otorga derecho a sala cuna al trabajador que, por ausencia o inhabilidad de la madre, tiene a su cargo el cuidadano de un menor.
La iniciativa fue aprobada este martes en forma unánime por el Senado y ahora deberá ser promulgada y publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.
Durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo hizo presente que el derecho a sala cuna no es traspasable de la madre al padre, considerando que prestan servicios en empresas diferentes, por lo que se debía entender que el derecho se encontraba condicionado a que en la empresa existiera con anterioridad la obligación de costear este beneficio. En ello concordaron los autores y la Comisión de Trabajo de la Cámara.
A modo de ejemplo, si un trabajador, varón, adquiere el cuidado del menor de dos años por sentencia judicial, tendría derecho a solicitar el beneficio en tanto trabaje en una empresa de más de 20 trabajadoras, o en el caso de que tenga pactado el beneficio en forma colectiva.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el texto no fue objeto de modificaciones, dejándose constancia, que los padres adoptivos tienen los mismos derechos que se establecen en esta iniciativa.
De esta forma, el texto resguarda el derecho a sala cuna del menor de dos años, que estuviera al cuidado del padre o madre por sentencia judicial, en tanto trabajen en empresas ya obligadas a financiar este beneficio.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383127 (Emol)
La iniciativa fue aprobada este martes en forma unánime por el Senado y ahora deberá ser promulgada y publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.
Durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo hizo presente que el derecho a sala cuna no es traspasable de la madre al padre, considerando que prestan servicios en empresas diferentes, por lo que se debía entender que el derecho se encontraba condicionado a que en la empresa existiera con anterioridad la obligación de costear este beneficio. En ello concordaron los autores y la Comisión de Trabajo de la Cámara.
A modo de ejemplo, si un trabajador, varón, adquiere el cuidado del menor de dos años por sentencia judicial, tendría derecho a solicitar el beneficio en tanto trabaje en una empresa de más de 20 trabajadoras, o en el caso de que tenga pactado el beneficio en forma colectiva.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el texto no fue objeto de modificaciones, dejándose constancia, que los padres adoptivos tienen los mismos derechos que se establecen en esta iniciativa.
De esta forma, el texto resguarda el derecho a sala cuna del menor de dos años, que estuviera al cuidado del padre o madre por sentencia judicial, en tanto trabajen en empresas ya obligadas a financiar este beneficio.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383127 (Emol)
Corte nombra a ministra para indagar a jueza por caso ADN
Por unanimidad, el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió ayer abrir una investigación sumaria y disciplinaria en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de San Bernardo Gladys Villablanca, para determinar si debió inhabilitarse en una audiencia en la que su pareja, Carlos Quezada, participó como abogado querellante en el caso ADN.
La corte designó a la ministra Carmen Rivas para realizar el sumario administrativo, y le dio un plazo de 30 días para determinar si formula cargos contra Villablanca.
En tanto, ayer fueron reformalizados dos ex directivos del laboratorio B. Brown Medical, por falsificación y contrabando por su presunta responsabilidad en la adulteración de etiquetas y la comercialización en Perú y Rusia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/nacional/noticias/E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0.htm?id={E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0} (El Mercurio)
La corte designó a la ministra Carmen Rivas para realizar el sumario administrativo, y le dio un plazo de 30 días para determinar si formula cargos contra Villablanca.
En tanto, ayer fueron reformalizados dos ex directivos del laboratorio B. Brown Medical, por falsificación y contrabando por su presunta responsabilidad en la adulteración de etiquetas y la comercialización en Perú y Rusia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/nacional/noticias/E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0.htm?id={E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0} (El Mercurio)
Empresas públicas serán obligadas a entregar información corporativa al Congreso
Un fuerte avance en su labor fiscalizadora tendrán los diputados a partir de la aprobación del proyecto sobre Ley Orgánica del Congreso que hoy será votado en comisión mixta.
En uno de sus puntos menos conocido, la iniciativa obligará a las empresas públicas -como Enap, Codelco, EFE o TVN- a dar a conocer información corporativa cuando sea requerida por los parlamentarios.
Esta facultad impedirá que se repitan casos como el de la asignación de vehículos a los gerentes de BancoEstado, datos pedidos por diputados de la Alianza en 1997, pero que recién en mayo de este año obligó a entregar la Corte Suprema. O la disputa que aún mantiene TVN con el Consejo para la Transparencia, por la negativa a revelar los sueldos de sus gerentes.
Ahora -según expresa la normativa que tras su votación en la comisión mixta quedará lista para ser revisada por las salas del Senado y la Cámara- las compañías públicas que rechacen suministrar la información serán sancionadas. Y las multas irán desde un tercio hasta el doble de la remuneración mensual del jefe superior del respectivo organismo.
La indicación fue objeto de un áspero debate entre parlamentarios oficialistas y La Moneda, que resistía el proyecto.
Tras una serie de negociaciones con representantes del Ministerio de Hacienda -donde se teme que la normativa afecte la competitividad de las empresas públicas-, el gobierno logró algunas excepciones para los requerimientos de los diputados.
Con ello, se aseguró el respaldo tanto de la Concertación como de la oposición.
Entre los resguardos, las compañías estatales no estarán obligadas a entregar los datos cuando formen parte de negociaciones pendientes o expresamente esos antecedentes hayan sido declarados reservados por ley.
Aún así, los diputados podrán recurrir a Contraloría, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), cuando se estime que la negativa de la empresa no está fundamentada.
La normativa, sin embargo, también incorpora obligaciones a los parlamentarios que pidan la información a las compañías públicas: tendrán que dar sus nombres, algo que no se hacía.
"Todo este tema fue muy debatido, pero tuvimos la opinión del contralor para dilucidar el tema, él nos ayudó", explica el presidente de la comisión mixta, Andrés Chadwick (UDI), quien destaca la señal de "transparencia" que se logrará con la puesta en marcha de la normativa.
El proyecto de Ley Orgánica del Congreso incorpora, además, una serie de modificaciones al funcionamiento del Parlamento. Entre ellas se regulará las asignaciones de diputados y senadores y se pondrá en marcha un sistema inédito de fiscalización externa: un Consejo Resolutivo.
"Establecerá cuántos recursos se dan y para qué. Hoy día esto es parejo para todos, pero ahora se verá caso a caso. Yo como diputado por Santiago, por ejemplo, necesitaré mucho menos dinero para pasajes que uno de Antofagasta", explica el diputado RN Alberto Cardemil.
El nuevo organismo estará integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex decano de una facultad de Administración, Economía o Derecho de cualquier universidad acreditada; un ex senador y un ex diputado que se haya desempeñado como tal por un mínimo de ocho años. Además, tendrá entre sus filas a un ex ministro de Hacienda, de Economía o ex titular de la Dirección de Presupuestos.
Mientras, el control sobre los recursos públicos para evitar que el dinero sea usado para otros fines estará a cargo del Comité de Auditoría Parlamentaria, formado por profesionales externos, como abogados y contadores auditores.
"Representa una modernización del Congreso, ponerlo a tono con los desafíos de la transparencia y fortalecer sus atribuciones".
MARCELO DÍAZDIPUTADO PS
"Es un avance en términos de modernizar la gestión del Congreso, hacerlo más transparente y más confiable hacia la ciudadanía".
ANDRÉS CHADWICKSENADOR UDI
"Se ha avanzado en transparencia, en cómo están actuando las empresas públicas. Es un paso que resuelve una disputa muy antigua".
PEDRO MUÑOZSENADOR PSConsejo
El proyecto que se vota hoy en la comisión mixta establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, un organismo que deberá regular los dineros que se entregan a los legisladores.
Gobierno dice que propuesta de Novoa para dar más atribuciones al Parlamento es "interesante"
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, valoró ayer la propuesta del presidente del Senado, Jovino Novoa, quien planteó dotar de más atribuciones al Congreso, entre ellas permitir que la Cámara Alta ratifique a más cargos públicos de los que aprueba actualmente.
Viera-Gallo afirmó que la iniciativa es "interesante" y "digna de analizar", aunque afirmó a continuación que, debido al poco tiempo que queda en esta legislatura, el plan "no es para este Congreso".
La iniciativa, que está inspirada en los contrapesos de poder que se dan entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, incluye que el Senado ratifique los nombramientos de los directores del Servicio Electoral y el Registro Civil, y el del Fiscal Nacional Económico, por la importancia estratégica que tienen dichas reparticiones.
Además, Novoa plantea dos aspectos respecto de las urgencias legislativas: permitir que los parlamentarios también puedan dar prioridad a ciertas leyes, permitiendo que se presente un pedido de 7 senadores o 25 diputados y que si es aprobado por la sala respectiva, el proyecto deba ser despachado en 20 días; y prohibir las urgencias de "discusión inmediata" y "suma" en los 60 días previos a una elección.
Aunque el presidente de la Cámara Alta tiene contemplado comenzar a discutir su propuesta con los comités parlamentarios en las próximas semanas, ayer algunos senadores, como Carlos Bianchi (independiente) y Alejandro Navarro (MAS) ya manifestaron su buena recepción inicial para discutir la iniciativa.
Obispos llaman a rechazar proyecto que regula las uniones de hecho
El comité permanente de la Conferencia Episcopal emitió ayer una declaración en que llaman a los parlamentarios a rechazar el proyecto que regula las uniones de hecho entre parejas tanto del mismo como de distinto sexo, y cuya votación está programada para hoy en la Cámara. "¿Por qué elegir en medio de un tiempo electoral intenso, inmediatamente antes del receso parlamentario, sin la necesaria serenidad?", se pregunta el texto de los obispos católicos, criticando la iniciativa por disminuir "el valor y el sentido" del matrimonio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/politica/noticias/E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F.htm?id={E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F} (El Mercurio)
En uno de sus puntos menos conocido, la iniciativa obligará a las empresas públicas -como Enap, Codelco, EFE o TVN- a dar a conocer información corporativa cuando sea requerida por los parlamentarios.
Esta facultad impedirá que se repitan casos como el de la asignación de vehículos a los gerentes de BancoEstado, datos pedidos por diputados de la Alianza en 1997, pero que recién en mayo de este año obligó a entregar la Corte Suprema. O la disputa que aún mantiene TVN con el Consejo para la Transparencia, por la negativa a revelar los sueldos de sus gerentes.
Ahora -según expresa la normativa que tras su votación en la comisión mixta quedará lista para ser revisada por las salas del Senado y la Cámara- las compañías públicas que rechacen suministrar la información serán sancionadas. Y las multas irán desde un tercio hasta el doble de la remuneración mensual del jefe superior del respectivo organismo.
La indicación fue objeto de un áspero debate entre parlamentarios oficialistas y La Moneda, que resistía el proyecto.
Tras una serie de negociaciones con representantes del Ministerio de Hacienda -donde se teme que la normativa afecte la competitividad de las empresas públicas-, el gobierno logró algunas excepciones para los requerimientos de los diputados.
Con ello, se aseguró el respaldo tanto de la Concertación como de la oposición.
Entre los resguardos, las compañías estatales no estarán obligadas a entregar los datos cuando formen parte de negociaciones pendientes o expresamente esos antecedentes hayan sido declarados reservados por ley.
Aún así, los diputados podrán recurrir a Contraloría, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), cuando se estime que la negativa de la empresa no está fundamentada.
La normativa, sin embargo, también incorpora obligaciones a los parlamentarios que pidan la información a las compañías públicas: tendrán que dar sus nombres, algo que no se hacía.
"Todo este tema fue muy debatido, pero tuvimos la opinión del contralor para dilucidar el tema, él nos ayudó", explica el presidente de la comisión mixta, Andrés Chadwick (UDI), quien destaca la señal de "transparencia" que se logrará con la puesta en marcha de la normativa.
El proyecto de Ley Orgánica del Congreso incorpora, además, una serie de modificaciones al funcionamiento del Parlamento. Entre ellas se regulará las asignaciones de diputados y senadores y se pondrá en marcha un sistema inédito de fiscalización externa: un Consejo Resolutivo.
"Establecerá cuántos recursos se dan y para qué. Hoy día esto es parejo para todos, pero ahora se verá caso a caso. Yo como diputado por Santiago, por ejemplo, necesitaré mucho menos dinero para pasajes que uno de Antofagasta", explica el diputado RN Alberto Cardemil.
El nuevo organismo estará integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex decano de una facultad de Administración, Economía o Derecho de cualquier universidad acreditada; un ex senador y un ex diputado que se haya desempeñado como tal por un mínimo de ocho años. Además, tendrá entre sus filas a un ex ministro de Hacienda, de Economía o ex titular de la Dirección de Presupuestos.
Mientras, el control sobre los recursos públicos para evitar que el dinero sea usado para otros fines estará a cargo del Comité de Auditoría Parlamentaria, formado por profesionales externos, como abogados y contadores auditores.
"Representa una modernización del Congreso, ponerlo a tono con los desafíos de la transparencia y fortalecer sus atribuciones".
MARCELO DÍAZDIPUTADO PS
"Es un avance en términos de modernizar la gestión del Congreso, hacerlo más transparente y más confiable hacia la ciudadanía".
ANDRÉS CHADWICKSENADOR UDI
"Se ha avanzado en transparencia, en cómo están actuando las empresas públicas. Es un paso que resuelve una disputa muy antigua".
PEDRO MUÑOZSENADOR PSConsejo
El proyecto que se vota hoy en la comisión mixta establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, un organismo que deberá regular los dineros que se entregan a los legisladores.
Gobierno dice que propuesta de Novoa para dar más atribuciones al Parlamento es "interesante"
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, valoró ayer la propuesta del presidente del Senado, Jovino Novoa, quien planteó dotar de más atribuciones al Congreso, entre ellas permitir que la Cámara Alta ratifique a más cargos públicos de los que aprueba actualmente.
Viera-Gallo afirmó que la iniciativa es "interesante" y "digna de analizar", aunque afirmó a continuación que, debido al poco tiempo que queda en esta legislatura, el plan "no es para este Congreso".
La iniciativa, que está inspirada en los contrapesos de poder que se dan entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, incluye que el Senado ratifique los nombramientos de los directores del Servicio Electoral y el Registro Civil, y el del Fiscal Nacional Económico, por la importancia estratégica que tienen dichas reparticiones.
Además, Novoa plantea dos aspectos respecto de las urgencias legislativas: permitir que los parlamentarios también puedan dar prioridad a ciertas leyes, permitiendo que se presente un pedido de 7 senadores o 25 diputados y que si es aprobado por la sala respectiva, el proyecto deba ser despachado en 20 días; y prohibir las urgencias de "discusión inmediata" y "suma" en los 60 días previos a una elección.
Aunque el presidente de la Cámara Alta tiene contemplado comenzar a discutir su propuesta con los comités parlamentarios en las próximas semanas, ayer algunos senadores, como Carlos Bianchi (independiente) y Alejandro Navarro (MAS) ya manifestaron su buena recepción inicial para discutir la iniciativa.
Obispos llaman a rechazar proyecto que regula las uniones de hecho
El comité permanente de la Conferencia Episcopal emitió ayer una declaración en que llaman a los parlamentarios a rechazar el proyecto que regula las uniones de hecho entre parejas tanto del mismo como de distinto sexo, y cuya votación está programada para hoy en la Cámara. "¿Por qué elegir en medio de un tiempo electoral intenso, inmediatamente antes del receso parlamentario, sin la necesaria serenidad?", se pregunta el texto de los obispos católicos, criticando la iniciativa por disminuir "el valor y el sentido" del matrimonio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/politica/noticias/E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F.htm?id={E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F} (El Mercurio)
Vecinos luchan contra aumento de edificios que bloquean su vista al mar
Lunes 02 de Noviembre de 2009
Compraron sus casas con una hermosa vista al mar. Años después, un edificio alto les bloqueó el paisaje.
En Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Puerto Montt, la proliferación de construcciones en altura en el borde costero despierta el malestar de cientos de vecinos que desde sus barrios han acudido a las autoridades, sin obtener soluciones.
En Valparaíso, los reclamos por "derecho a vista al mar" se concentran en la mayoría que habita los cerros, un rasgo de anfiteatro natural destacado del puerto como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la polémica está en el proyecto turístico-urbanístico Muelle Barón, de Mall Plaza. Los vecinos han interpuesto varios recursos para evitar que el nuevo centro comercial irrumpa cambiando la cara del borde costero. La agrupación Comando de Defensa de Valparaíso ha librado una larga batalla judicial, con recursos ante la Corte de Apelaciones, pero sin éxito: la municipalidad autorizó la construcción y ésta comenzará próximamente.
En Viña del Mar, el borde costero ha estado protegido por la "Ley Lorca", una norma antigua que señala que los permisos de edificación serán concedidos tras el consentimiento de dos tercios de los regidores municipales -actuales concejales-, lo que genera una dificultad para la aprobación de proyectos.
No obstante, se han dado los permisos a las construcciones, pese a la oposición de sectores de la ciudad. Con 19 pisos, un proyecto de hotel -donde estaba el antiguo Sanatorio Marítimo- dejará sin vista al mar a los vecinos que compraron departamentos a un paso de la playa.
En Antofagasta, los vecinos simplemente se cansaron de pelear. Hoy, las uniones comunales de barrios cerca de la costa se resignaron ante la nueva realidad.
En Puerto Montt, Manuel Pérez, juez de Policía Local, era un vecino que solía ver desde una colina toda la bahía. Hoy lamenta la construcción del Mall Costanera, que con dos torres de casi 20 pisos cada una bloqueó la mitad de su visual: "Lo que más me ha dolido es que me taparon la Cruz de Tenglo", señala.
Y aunque arquitectos y urbanistas critican los permisos que permitieron las construcciones, nada indica que esto se vaya a detener.
Urbanistas critican el daño
El arquitecto Néstor Hopzapfel, de Puerto Montt, es un férreo detractor de la edificación en altura junto al mar. Acusa que con el pretexto de generar empleos "se permiten atrocidades", como sobrecargas al alcantarillado, congestión vehicular y complicaciones a la ventilación de la ciudad.
Para el presidente del Colegio de Arquitectos, Patricio Gross, la construcción costera "es en un área frágil, que tiene que ser bien planificada. No puede ser que la primera fila de edificios corte y cierre todas las posibilidades a los que están detrás", lamenta.
El profesor de urbanismo de la UC Arturo Orellana asegura que el "boom" inmobiliario en estos edificios a largo plazo terminará depreciando el atractivo turístico y arquitectónico.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/02/nacional/_portada/noticias/3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A.htm?id={3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A} (El Mercurio)
Compraron sus casas con una hermosa vista al mar. Años después, un edificio alto les bloqueó el paisaje.
En Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Puerto Montt, la proliferación de construcciones en altura en el borde costero despierta el malestar de cientos de vecinos que desde sus barrios han acudido a las autoridades, sin obtener soluciones.
En Valparaíso, los reclamos por "derecho a vista al mar" se concentran en la mayoría que habita los cerros, un rasgo de anfiteatro natural destacado del puerto como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la polémica está en el proyecto turístico-urbanístico Muelle Barón, de Mall Plaza. Los vecinos han interpuesto varios recursos para evitar que el nuevo centro comercial irrumpa cambiando la cara del borde costero. La agrupación Comando de Defensa de Valparaíso ha librado una larga batalla judicial, con recursos ante la Corte de Apelaciones, pero sin éxito: la municipalidad autorizó la construcción y ésta comenzará próximamente.
En Viña del Mar, el borde costero ha estado protegido por la "Ley Lorca", una norma antigua que señala que los permisos de edificación serán concedidos tras el consentimiento de dos tercios de los regidores municipales -actuales concejales-, lo que genera una dificultad para la aprobación de proyectos.
No obstante, se han dado los permisos a las construcciones, pese a la oposición de sectores de la ciudad. Con 19 pisos, un proyecto de hotel -donde estaba el antiguo Sanatorio Marítimo- dejará sin vista al mar a los vecinos que compraron departamentos a un paso de la playa.
En Antofagasta, los vecinos simplemente se cansaron de pelear. Hoy, las uniones comunales de barrios cerca de la costa se resignaron ante la nueva realidad.
En Puerto Montt, Manuel Pérez, juez de Policía Local, era un vecino que solía ver desde una colina toda la bahía. Hoy lamenta la construcción del Mall Costanera, que con dos torres de casi 20 pisos cada una bloqueó la mitad de su visual: "Lo que más me ha dolido es que me taparon la Cruz de Tenglo", señala.
Y aunque arquitectos y urbanistas critican los permisos que permitieron las construcciones, nada indica que esto se vaya a detener.
Urbanistas critican el daño
El arquitecto Néstor Hopzapfel, de Puerto Montt, es un férreo detractor de la edificación en altura junto al mar. Acusa que con el pretexto de generar empleos "se permiten atrocidades", como sobrecargas al alcantarillado, congestión vehicular y complicaciones a la ventilación de la ciudad.
Para el presidente del Colegio de Arquitectos, Patricio Gross, la construcción costera "es en un área frágil, que tiene que ser bien planificada. No puede ser que la primera fila de edificios corte y cierre todas las posibilidades a los que están detrás", lamenta.
El profesor de urbanismo de la UC Arturo Orellana asegura que el "boom" inmobiliario en estos edificios a largo plazo terminará depreciando el atractivo turístico y arquitectónico.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/02/nacional/_portada/noticias/3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A.htm?id={3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A} (El Mercurio)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)