Luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera un recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público contra la magistrada del tribunal de garantía local, Cristina Cabello Muñoz, por descartar ésta un procedimiento abreviado en el segundo juicio por fraudes al fisco, el tribunal deberá ahora fijar día y hora para ejecutar este tipo de procedimiento judicial, que pondrá fin al bullado caso sobre el uso de fondos destinados a Programas de Generación de Empleos (PGE) en pagos a activistas políticos durante la campaña electoral de 2005 en San Felipe, Quillota y Viña del Mar.En la modalidad dispuesta, los imputados deberán aceptar los hechos definidos en la acusación, recibiendo a cambio penas no superiores a los cinco años de prisión.A raíz de la inicial negativa de la jueza Cabello Muñoz, se sucedió una serie de incidentes judiciales que postergó sucesivamente por más de un año y cuatro meses las audiencias de preparación del juicio oral.Según los defensores, éste se habría prolongado al menos durante cinco meses, con un costo de hasta un millón de dólares, dado que en el proceso se agrupan fraudes al fisco perpetrados en tres comunas y en el que hay nueve procesados.Éstos son el ex seremi del Trabajo José Manuel Mancilla, el ex consejero regional y ex presidente regional del PS Edgardo Lepe, el ex funcionario de la Intendencia Jaime Quiroz (PS), el ex concejal por Rinconada de Los Andes Ricardo León (PS), el activista político Luis Fernández (PS), los ex contratistas Guissepe Malatesta y Hugo Meza, el ex secretario político del diputado Rodrigo González, Fernando Avendaño (PPD), y el ex concejal por Viña del Mar Max Bastidas (PPD).En el mismo proceso fue formalizado el diputado González, quien en el fraude denunciado en Viña habría favorecido su campaña, pero no se le acusó.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/01/nacional/nacional/noticias/C9367378-FFF4-4144-914C-357B3D58E9B1.htm?id={C9367378-FFF4-4144-914C-357B3D58E9B1} (El Mercurio)
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