Finalmente, el Gobierno decidió que para intentar reponer la distribución de "la píldora del día después" solicitará una reconsideración a la Contraloría, y a la vez presentará un proyecto de ley, con suma urgencia, que será enviado al Congreso el lunes próximo.
Por esta vía, el Gobierno se arriesga a que la norma, que debería ser de fácil discusión por el acuerdo relativo a nivel parlamentario que concita el tema, pueda ser impugnada ante el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió con el decreto ministerial sobre las Normas Nacionales para la Regulación de la Fertilidad.
Sin embargo, la principal diferencia es que ahora se tratará de una ley que podría contar con el apoyo de amplios sectores y no de una regulación del Ejecutivo, como lo fue el citado decreto.
Pero los riesgos de impugnación son altos, y aunque el Gobierno da por sentado que el proyecto de ley se promulgará en menos de un mes, ahora se abocará a afinar las estrategias de negociación con los grupos más conservadores -liderados por el diputado de la UDI José Antonio Kast y secundados por el abogado Jorge Reyes- para que éstos no lo impugnen ante el Tribunal Constitucional.
Al respecto, la ministra del TC Marisol Peña explicó ayer que "en general, los proyectos de ley pueden ser impugnados ante el TC por determinados grupos parlamentarios. Por lo tanto, no obstaría que si se presenta un proyecto de ley, pudiera venir una nueva impugnación ante el TC, y éste allí tendría que decidir si hay cosa juzgada en relación con el tema que ya falló oportunamente. Pero no se puede definir a priori".
El proyecto de ley -que ingresará a la Comisión de Salud de la Cámara- incluye guiños a los detractores de la píldora, como un mandato para campañas que incentivarán la educación ante el embarazo no deseado, enfatizando la responsabilidad. Otro punto esencial es que establecerá como un derecho reconocido por el Estado el usar y disponer de los métodos anticonceptivos reconocidos como tales (entre ellos el Levonorgestrel 0,75, principio activo de "la píldora"). En paralelo, Interior y Salud pedirán a Contraloría una reconsideración del dictamen.
Ayer, el contralor Ramiro Mendoza afirmó que la petición del Gobierno es un planteamiento "legítimo", y señaló sobre la decisión de su entidad que "es un dictamen como muchos otros, que por las complejas interpretaciones que suponen a veces nos producen dificultades de entendimiento por parte de la sociedad civil, y entendemos que esas incomodidadades son una consecuencia de esta organización. No podemos abstraernos de esas consecuencias".
Entrega del fármaco
Los parlamentarios del PPD acordaron ayer como bancada montar un sistema de entrega nacional de la píldora del día después.
Según el diputado Enrique Accorsi, "vamos a centralizar las peticiones para adquirir la píldora. Un grupo de médicos, incluidos los parlamentarios que lo somos, entregaremos la receta a las personas que lo necesiten".
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