Fiscalía analiza cuatro nuevos casos para ampliar el uso de brazaletes electrónicos

Domingo 01 de Noviembre de 2009

Cuatro nuevos casos serán estudiados por la Fiscalía Oriente, para aplicar el uso de brazaletes electrónicos para el control de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Esto, como parte del inédito plan piloto para aplicar esta tecnología GPS.
Hasta ahora, hay un solo caso: Nelson Podesta Esparza lo está utilizando desde septiembre pasado, cuando se le sustituyó la prisión preventiva por el arraigo en las comunas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén y La Reina.
Podesta se encuentra imputado de estafas reiteradas, y lo que en realidad lleva puesto es una tobillera en su pierna izquierda que avisa a la central si el sujeto quebranta la medida cautelar.
"Este es un proyecto; por lo tanto, nos hemos ido bien despacio. Queremos ver si el sistema funciona bien, y así ha ocurrido. Lo hemos monitoreado, y la persona que tiene esta tobillera se ha portado de lujo. Lo único que no quiere es volver a la cárcel; por lo tanto, es una persona súper atenta. El control respecto de la persona ha funcionado perfecto", reconoce el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Este plan incluye la utilización máxima de cinco dispositivos, que son provistos por la empresa "Familia En Línea". Pablo Riera, gerente de la firma, dice por su parte que el plan no ha tenido fallas.
"Es un beneficio social bastante grande: el Estado se ahorra la cárcel y él (imputado) puede continuar alimentando a su familia, evita que ésta incurra en otras prácticas para poder mantener su subsistencia", dice el ejecutivo.
El análisis de nuevos casos partirá la próxima semana. "Vamos a buscar otros casos en los que podamos aplicar este mecanismo. Nos interesa que sea de común acuerdo con el defensor, no vamos a entrar en una confrontación contra la voluntad de las personas. Varios fiscales me han comentado que los propios defensores le han propuesto sustituir la prisión preventiva por un brazalete. Para el abogado, los intereses de su cliente están mejor defendidos si logran sustituir la prisión preventiva por una libertad ambulatoria, pero vigilada", dice Armendáriz.
¿Vulnera garantías?
Tras este plan piloto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunció hace unos días que su interés era ampliar este mecanismo a todo el país. Pero este sistema cuenta con opiniones dispares, sobre todo desde la Defensoría Penal Pública. De hecho, la defensora nacional, Paula Vial, planteó que existía voluntad de aplicar este mecanismo pero sólo en casos excepcionales, en que es necesario sustituir la prisión preventiva. A su juicio, este sistema puede llegar a vulnerar las garantías de los imputados.
Armendáriz defiende el uso del dispositivo: "Alguien dirá que acá se están vulnerando derechos, pero qué más restricción de sus derechos que esta persona esté privada de libertad, que no pueda andar en la calle, hacer su vida. Entonces, el disvalor entre tener en prisión a esa persona y tenerla vigilada en el cumplimiento de una medida cautelar es mucho menos que estando preso", dijo.
El uso masivo de este dispositivo dependerá del costo y que sea regulado por ley. Según Riera, tiene un valor del orden de los US$ 300 mensuales, unos $150 mil.
Todos coinciden en que su implementación puede llegar a ser incluso más barata que tener a una persona privada de libertad.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/01/nacional/_portada/noticias/02962D3C-15B4-41FA-ABFC-CCDBC47445E8.htm?id={02962D3C-15B4-41FA-ABFC-CCDBC47445E8} (El Mercurio)