Jueves 12 de Noviembre de 2009
Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)
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